El caso Marita Verón cambió el paradigma en la Justicia

A 23 años de su desaparición todavía quedan debates por discutir y persisten baches legales ante la Ley.

*Por Bernarda Andersen, Valentina Lugherin, Lara Lorenzi y Valentina Kucharski

Edición: Lic. María Verónica Riedel

El secuestro de María de los Ángeles Verón en San Miguel de Tucumán el 3 de abril de 2002, con tan solo 22 años de edad fue el puntapié inicial para la sanción de la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas en 2008. La madre, Susana Trimarco, se ha convertido en una verdadera referente en la lucha contra las redes criminales dedicadas a la trata y la explotación de personas, reconocida internacionalmente por esta tarea; al punto de haber sido candidata oficial al premio Nobel de la Paz en 2012.

En aquel entonces, Argentina no tenía una ley específica para combatir la trata de personas, y las desapariciones de mujeres no se investigaban con un enfoque de género. Durante los primeros días después de la denuncia, el caso apenas recibió atención mediática, pero con el tiempo, la búsqueda incansable de su madre convirtió un hecho policial en un emblemático caso de Derechos Humanos.

María de los Ángeles, conocida como Marita Verón, se despidió de su hija y su madre antes de salir de su casa para dirigirse a una consulta médica, lo que no sabían, era que esa sería la última vez que la volverían a ver.

Pasaba el tiempo y al notar que no regresaba, el padre, Daniel Verón decidió acercarse al hospital donde le confirmaron que Marita no había acudido al turno. Luego de denunciar en la comisaría la desaparición de Marita, decidieron contactar a Jorge Tobar con quien iniciaron una investigación paralela. Tras la declaración de una vecina que presenció el momento que forzaron a una joven a subirse a un auto, decidieron investigar más y dieron con el testimonio de una joven que trabajaba en un cabaret que afirmó conocer a Marita Verón. Este indicio fue el que llevó a Susana Trimarco a una extensa búsqueda que continúa hasta hoy. 

 "Me hice pasar por prostituta para investigar y casi me terminan matando" 

Susana, junto con su nieta Micaela y su esposo, viajaron a lo largo de distintas provincias de la Argentina rastreando los pasos de su hija desaparecida en distintas “whiskerías”. Mientras que Daniel se quedaba en el auto con Micaela, Susana se adentraba en los prostíbulos tratando de conseguir información. En una nota para BBC declaró “el prostíbulo es el lugar donde las mostraban. Cada una tenía su precio. Todas tenían cara de terror. Había hasta menores de apenas 14 años. Cuando las veías bajaban la cabeza y se cubrían el cuerpo vestido con poca ropa. Su cuerpo mostraba el terror y el dolor que sufrían”.

A lo largo de este recorrido salvó a muchas jóvenes y mujeres que eran esclavizadas sexualmente, recolectando información de muchas otras víctimas de trata de personas, lo que la llevó posteriormente a crear la Fundación María de los Ángeles en 2007 con ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán que brinda asistencia integral a las víctimas, recibe denuncias y ofrece contención y asesoramiento a ellas y los familiares.

En 2008 a raíz de este caso, se sancionó en Argentina la Ley 26.364, cuyo propósito principal es prevenir y sancionar la trata de personas, así como brindar asistencia integral a las víctimas de este delito, garantizando los Derechos Humanos y buscando la recuperación y reinserción social. Luego en 2012, la ley original fue modificada por la Ley 26.842, con cambios significativos. Se agregó el verbo "ofrecimiento" a la descripción de la trata de personas, abarcando más situaciones. El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los autores o partícipes del delito y permite reconocer que el consentimiento es dado por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. También se eliminó la distinción entre víctimas menores y mayores de edad, se ampliaron las penas y se reconoció el delito como federal, permitiendo la investigación en todo el territorio nacional.

Por otra parte, el juicio por la desaparición de Marita Verón comenzó el 8 de febrero de 2012 en los Tribunales de Tucumán, con trece imputados. El caso se centró principalmente en la investigación liderada por su madre, Susana Trimarco, y en los testimonios de mujeres que fueron víctimas de trata y que afirmaron haber visto a Marita en prostíbulos de La Rioja y Tucumán.

Los trece acusados fueron identificados como miembros o colaboradores de una red de trata que se dedicaba a la captación, traslado, retención y explotación sexual de mujeres. Entre ellos estaban José Fernando Gómez, conocido como “Chenga”, Gonzalo José Gómez, apodado “Chenguita”, y su madre, Lidia Irma Medina, conocida como “mamá Lily”, quienes estaban relacionados con prostíbulos en La Rioja como El Desafío y Candilejas. En Tucumán, Daniela Natalia Milhein y Andrés Alejandro González fueron acusados de participar en la retención y “ablande” de las víctimas, mientras que María Azucena Márquez, Mariana Natalia Bustos, Cintia Paola Gaitán, Carlos Alberto Luna, Domingo Pascual Andrada y Humberto Juan Derobertis fueron señalados como cómplices en el traslado y ocultamiento de las mujeres. También se acusó a María Jesús Rivero y Víctor Ángel Rivero, vinculados al Clan Ale, aunque finalmente fueron absueltos.

El juicio oral comenzó en febrero de 2012 ante la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán. Durante el proceso, más de 130 testigos declararon, incluyendo mujeres que aseguraron haber visto a Marita en prostíbulos de La Rioja y Tucumán. Sin embargo, el 11 de diciembre de 2012, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano decidieron absolver a los trece acusados, argumentando que no había pruebas directas que demostraran su responsabilidad en la desaparición de Marita.

Este fallo provocó un rechazo generalizado en todo el país. Miles de personas se movilizaron en diversas provincias exigiendo justicia y denunciando la impunidad. Debido a la presión social, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revisó el fallo y, el 20 de diciembre de 2013, revocó parcialmente la absolución, declarando culpables a diez de los trece imputados. 

El 11 de diciembre de 2012, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán absolvió a todos los acusados por falta de pruebas directas, lo que generó un profundo repudio social. Miles de personas se movilizaron en diferentes puntos del país y como resultado, un año después, el 20 de diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó parcialmente ese fallo y condenó a diez de los trece imputados a penas de entre 10 y 22 años de prisión, reconociendo la existencia de una red de trata y la responsabilidad de sus integrantes. 

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En una charla con nuestro medio, Juan Salas, periodista de casos policiales y profesor universitario marplatense, explicó que este caso impactó en Argentina: “Susana Trimarco lo que hizo fue poner en agenda pública la trata de personas”, dijo. “Antes en Mar del Plata, en lo que era La Perla y otros barrios, había luces rojas por todas partes que eran prostíbulos, que empiezan a investigarlos, a allanarlos, y darse cuenta que habían un montón de mujeres de otros países a las que les retiran los documentos, siendo explotadas y que habían sido traficadas para llegar a Argentina”. 

Salas subrayó que el caso de Marita “rompió una barrera en el periodismo policial argentino”. Según explicó, antes de 2002, los medios se limitaban a contar los hechos sin profundizar en las redes que sostenían esos delitos. “Lo que cambió con Marita fue que comenzamos a mirar más allá de la noticia del día. Tuvimos que empezar a hablar de complicidades políticas, policiales y mediáticas, y eso no era algo común”. El periodista también destacó la relevancia de cómo el caso transformó la cobertura de género: “A partir de ese momento, se empezó a hablar de víctimas y no de prostitutas. Se entendió que detrás de cada historia había coerción, miedo y vulnerabilidad”. Para Salas, esa transformación no fue solo en el discurso, sino también en la ética: “Nos obligó a replantear el rol del periodista. Ya no era suficiente con informar; había que hacerlo con responsabilidad y una perspectiva de derechos humanos”.

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En un primer momento Salas contó que los medios al principio eran reticentes. “No es novedad decir que los medios son machistas, que los dueños de los medios son hombres, y que para los medios perder el rubro que podían promocionar la explotación sexual fue una pérdida de plata, empiezan a sacar de los medios gráficos las publicidades de explotación sexual, el famoso rubro 59”.

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Por su parte Belén Cano, quién trabajó en el diario El Atlántico y fue una de las primeras, por no decir la precursora, en hablar de este tema con propiedad. “El caso de Marita Verón nos enseñó que en Argentina había tráfico de mujeres, detrás de los prostíbulos y la prostitución se encerraban historias casi de esclavitud, de crimen organizado. No había que hablar de prostitutas, sino de víctimas de trata”.

Visibilizar y tipificar lo que es la trata de personas, qué es y cómo funciona sirvió para tomar acciones reales al respecto; “desde el periodismo teníamos que narrar y estar a la altura. Hablar de mujeres víctimas, de sobrevivientes de explotación sexual, de empezar a poner la lupa también en los hombres prostituyentes, en esos que se dicen clientes, aunque en verdad son parte del delito, entre otras cosas que cubrir”, reflexionó.

A pesar de los avances normativos y el aumento de la visibilización social del delito, el accionar judicial sigue mostrando limitaciones profundas. A partir del caso de Marita Verón y la sanción de la Ley 26.364, la trata de personas se incorporó de manera permanente en la agenda pública, política y mediática. Se multiplicaron las campañas de sensibilización, las denuncias y las intervenciones estatales, y el tema comenzó a tratarse en los medios con un enfoque más centrado en las víctimas y en las redes criminales. Sin embargo, esta visibilización no siempre se tradujo en respuestas judiciales eficaces y sostenidas. Diversos informes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de organizaciones civiles señalan que, pese al aumento de causas iniciadas, la proporción de condenas sigue siendo baja, los procesos son lentos y muchas investigaciones no logran avanzar más allá de los eslabones operativos, dejando impunes a los responsables políticos, policiales o empresariales vinculados a las redes.

En varios casos se registran dilaciones, falta de perspectiva de género en los tribunales, revictimización de mujeres, y obstáculos probatorios derivados de la propia connivencia institucional. 

El tema de la prostitución y la explotación sexual, todavía hay un gris en Argentina como país que no la persigue, que no la penaliza, que la permite pero la permite a medias. Al no discutirse deja desamparada tanto a las víctimas como a las personas que realmente eligen la prostitución como una salida laboral y la ejercen libremente. Aún continúan las luchas de distintas organizaciones de meretrices argentinas que piden por sus derechos y no se los dan, “estamos escondiendo el problema y no hay nadie beneficiado con eso”.