Más allá de la Embajada de Israel: La herida abierta, la impunidad y los costos geopolíticos

A más de tres décadas, el ataque que dejó 29 muertos evidenció la fragilidad institucional argentina, el impacto del alineamiento con EE. UU. e Israel, y la lucha constante de la comunidad judía contra el silencio y el antisemitismo.

*Por Joseba Iparraguirre, Santiago Cuadrado y Máximo Carrocera

Edición Lic. María Verónica Riedel

Si uno quisiera combinar en la Argentina características en un mismo hecho tales como el terrorismo, la violencia política transnacional, agencias estatales, una guerra de inteligencia, un contexto local frágil, desidia institucional, encubrimientos judiciales y mediales,  Hezbollah, y el pueblo judío, obtendría perfectamente el Atentado a la Embajada de Israel, acontecido el 17 de marzo de 1992 en pleno gobierno de Carlos Saúl Menem.

Terminada la Guerra Fría, con la caída del Muro de Berlín dos años antes, el mundo quedaba en una situación de multipolarización, aunque con una gran influencia de Estados Unidos en términos de dominio económico mundial. Cada país buscó aliados y posicionamientos geopolíticos más complejos. Argentina, que salía de un proceso de reestructuración democrática con costos fiscales e inflacionarios muy graves, optó por Carlos Saúl Menem, que prontamente asumido su mandato pondría en juego las reglas establecidas por el Consenso de Washington para rearmar el Estado, equilibrar la situación macroeconómica e identificar a su Nación al lado de la superpotencia norteamericana.

La implicancia de este alineamiento incluiría no solo eso, sino también estar emparentado con el joven Estado de Israel que profundizaría su conflicto con Hezbollah una vez que la ONU sancionase la legitimidad del territorio judío en tierra santa. Menem era de sangre musulmana, y en su campaña a Presidente mantenía buenos vínculos con el mundo Iraní. 

Como destacó Patricia Blanco en una nota de Infobae  la justicia concluyó que los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron ordenados por Irán y ejecutados por Hezbollah, la razón de que Argentina quedara en la mira de los terroristas para el ataque fue la decisión unilateral del gobierno de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con el país islámico, como consecuencia de un giro de la política exterior operado entre fines de 1991 y mediados de 1992. Mediante la coacción y la siembra del terror, buscarían que Menem dé un giro en su decisión de cancelar esos contratos. 

Consecuentemente este hecho dejaría un saldo de 29 argentinos muertos. Esto representa una herida abierta para toda la sociedad en su conjunto, con un duro énfasis en el miedo generado a la comunidad judía.

¿Cómo es la actualidad del pueblo judío que vive en el país? ¿Fue adecuado el comportamiento de la justicia argentina? ¿Qué costos se pagaron, no sólo en términos sociales, sino también en los económicos y geopolíticos? ¿Quién estuvo implicado y no se le dio la suficiente importancia? Este no fue trágico episodio aislado, sino el antecedente directo y anunciador del atentado a la AMIA. 

Los testimonios permiten reconstruir no solo el momento del ataque, sino también el clima que se vivió. Javier Ordoqui es un periodista marplatense, quien era adolescente en ese entonces, rememoró: “me acuerdo que estaba haciendo tareas, estaba en séptimo grado, cuando fue el atentado a la embajada… inmediatamente pensar cómo Buenos Aires era atacada, las hipótesis, todo lo que ya se hablaba”. En su análisis, la diferencia entre este primer atentado y el de la AMIA radica en el impacto social: “el primero quedó como un golpe al Estado israelita en Buenos Aires. El ataque a la AMIA nos interpeló de otra manera… la primera fue una piña al hígado y la segunda fue una piña de knockout para la sociedad argentina”. Su mirada pone en evidencia cómo el atentado de 1992 fue interpretado inicialmente como un ataque a Israel, mientras que el de 1994 caló más hondo en la sociedad al dirigirse contra un centro comunitario local.

La justicia y el Estado argentino mostraron serias falencias frente a la magnitud del hecho. Ordoqui recordó que “al otro día ya se hablaba de Hezbollah… y la justicia argentina tardó un montón en convalidar esa teoría”, lo que revela un desfase entre la información de inteligencia y la reacción institucional. Asimismo, destacó la trama de impunidad y espionaje que rodeó el caso: “un fiscal entrometido, una expolicía entrometida, escuchas ilegales, espionaje… prácticamente a los pocos días ya se sabía que había una impunidad”. Más allá de los responsables materiales, hubo una responsabilidad estatal en no investigar con firmeza ni garantizar justicia, debilitando la confianza en las instituciones.

Desde la perspectiva de la juventud judía actual, el testimonio de la estudiante de 19 años, Kiara Aizenberg ilumina otro aspecto central: la persistencia del antisemitismo y la vulnerabilidad de la comunidad. Para ella, el problema más grave es el silencio social: “el silencio es antisemitismo. Porque vos no estás contando, estás obviando una parte de la historia argentina. Porque somos judíos y argentinos”. Su relato incluye experiencias de discriminación cotidiana —como cuando una compañera la increpó por usar la estrella de David, y describió cómo la comunidad debió reforzar su seguridad: “vos vas a ver en todas las instituciones judías bloques de cemento, porque el coche bomba de la AMIA marcó que siempre hay que estar alerta”. El miedo de Kiara Aizenberg no es infundado, sino que nace del hecho en que las denuncias por antisemitismo han crecido en los últimos años según un informe elaborado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en 2024. La DAIA reveló cómo incrementó la cantidad de actos antisemitistas en Argentina con 504 en 2020 en medio de la pandemia por COVID-19, posteriormente hubo 598 incidentes en 2023 y 679 en 2024, elevando la suma. Estas estadísticas demuestran cómo el miedo generado en los noventa todavía condiciona la vida comunitaria. 

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En términos sociales y políticos, los costos fueron múltiples. El atentado sembró desconfianza, dolor y una sensación de desprotección. Como señaló Aizenberg, “es como que te maten un hijo y nunca sepas quién lo mató, o que es peor, que sepas quién lo mató y nunca vaya a prisión”. Para la comunidad judía, el atentado no es solo un recuerdo del pasado, sino una herida abierta que se reactiva ante cada episodio de antisemitismo y ante cada aniversario sin justicia.

El plano geopolítico también ayuda a explicar porqué Argentina se convirtió en blanco. La política exterior de Menem, alineada con Estados Unidos e Israel, generó un distanciamiento con el mundo árabe, en especial con Irán. Ordoqui lo vinculó directamente con la cancelación de contratos nucleares: “en el primer atentado, tanto como en el segundo, muchos enseguida querían un vuelto a Menem, por cerrar los contratos que había vigentes con Irán”. Así, un giro en las alianzas internacionales derivó en un costo interno inesperado: la exposición del país a un terrorismo transnacional frente al cual su estructura estatal se mostró frágil y carente de preparación.

El atentado a la Embajada de Israel fue la primera manifestación visible de un entramado complejo en el que confluyeron intereses geopolíticos, terrorismo internacional, fragilidad institucional y una justicia incapaz de dar respuestas. Aquel coche bomba que estalló en pleno corazón de Buenos Aires, dejando 29 muertos, todos argentinos, marcó el inicio de una herida que todavía hoy sangra. En ese hecho se cruzaron el alineamiento de la política exterior argentina con Estados Unidos e Israel, la ruptura de acuerdos con Irán y la reacción de Hezbollah, pero también la desidia de un Estado que, aun sabiendo quiénes eran los responsables, no logró garantizar justicia.

Ordoqui advirtió en su entrevista sobre el rol de la justicia y las fuerzas del Estado. Su observación resume una de las fallas estructurales más graves del caso: la distancia entre la información de inteligencia disponible y la reacción institucional. El tiempo pasó entre rumores, maniobras, encubrimientos y operaciones mediáticas. La impunidad, como él señala, fue casi inmediata. Aquella respuesta estatal fragmentada no sólo impidió esclarecer los hechos, sino que también alimentó la desconfianza social hacia las instituciones, debilitando uno de los pilares esenciales de la democracia recuperada.

El atentado, en definitiva, dejó una herencia amarga. No solo por las vidas perdidas, sino porque reveló las vulnerabilidades más profundas del Estado argentino: su lentitud, su incapacidad de coordinación, su tendencia al encubrimiento y su facilidad para politizar la tragedia. También expuso una deuda moral con la comunidad judía, que se sintió, y aún se siente, desprotegida. Como resumió Aizenberg, expresando el vacío, desinformación e impotencia de su comunidad, y la desconfianza hacia las medidas del poder y su necesidad de justicia.

A más de tres décadas, el atentado a la Embajada de Israel continúa siendo una herida abierta. Es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la política exterior se diseña sin evaluar sus consecuencias internas, y cuando la justicia renuncia a su deber más básico: garantizar verdad y reparación. Es también un espejo de la Argentina que éramos y de la que todavía somos, donde la memoria convive con la impunidad y el dolor con el silencio. La historia no se cierra mientras la sociedad no se atreva a mirar de frente su pasado y exigir que la verdad deje, por fin, de ser una sospecha.